DECLARACIÓN EN CONTRA DEL DECRETO DEL GOBIERNO ANDALUZ DE “MEJORA Y SIMPLIFICACIÓN DE LA REGULACIÓN PARA EL FOMENTO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA”
El pasado jueves día 6 y en condiciones de muy dudosa legalidad, -con la población en la situación excepcional de confinamiento, tramitado por la vía de urgencia y sin pasar por el Pleno del Parlamento-, se aprobó por el Gobierno andaluz un Decreto de importantes implicaciones sociales y económicas que supone una amplia supresión de garantías y elementos de control y regulación de las actividades económicas; una eliminación de normas que afectan a diferentes ámbitos de entre los cuales cabe señalar en esta declaración los siguientes:
En el ámbito del urbanismo y la ordenación del territorio se reforman dos leyes. La Ley de Ordenación Urbana de Andalucía (LOUA) y la Ley de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, con el objetivo, se dice, de fomentar la construcción. Las reformas rebajan elementos de control a la hora de planificar nuevos proyectos urbanísticos y eliminan garantías establecidas para preservar la calidad medioambiental. En la tramitación de planes urbanísticos se suprimen los informes de las administraciones sectoriales y se sustituye el régimen de autorización ambiental, dependiente de la Junta, por el de calificación ambiental, mucho más permisivo y que aprueban los ayuntamientos. En determinados casos se sustituye la licencia urbanística por la declaración responsable del constructor, estableciéndose el control a posteriori. Para la implantación de infraestructuras hidráulicas, energéticas y aprovechamientos minerales se suprime el procedimiento anterior que incluía una evaluación ambiental sustituyéndolo por un mero informe. Se facilitan intervenciones en el entorno de los bienes de interés cultural, eliminando la autorización preceptiva de la Consejería competente en materia de patrimonio histórico.
En el comercio se modifica la Ley de Comercio Interior. Se incrementan y flexibilizan los días y horarios de apertura de los establecimientos comerciales, estableciéndose así un marco “lo menos restrictivo posible” para el comercio. Lo que permitirá, según el Decreto, “incentivar la inversión por parte de grandes empresas promotoras, nacionales o internacionales, en la construcción y puesta en marcha de grandes centros y parques comerciales”. En esta dirección, se facilita y amplía la declaración de Zonas de Gran Afluencia Turística, con “plena libertad” de apertura y horarios comerciales.
En relación con el turismo se facilita cualquier elemento que sirva para atraer turismo y se suprimen elementos de control. Se eliminan restricciones para acceder a la condición de Municipios Turísticos, para comercializar viajes, para la calificación de viviendas o alojamientos turísticos. Se suprime la obligación de evaluación ambiental en la elaboración de cada Plan General de Turismo en el que ahora “se justificará si se considera que el mismo debe someterse al procedimiento de evaluación ambiental estratégica”. Este mismo criterio se utilizará en los Marcos Estratégicos para la Ordenación de los Recursos y las Actividades Turísticas.
Se modifica también la Ley de la Salud Pública de Andalucía, estableciéndose en el Decreto que “se reduce directamente el ámbito de proyectos sometidos al procedimiento de evaluación de impacto en la salud.”
Se reforma también la Ley Audiovisual de Andalucía ante la “conveniencia de favorecer el avance y consolidación del sector privado de la comunicación en Andalucía”, eliminándose “la restricción de entidades privadas en la participación de la gestión de los servicios públicos de comunicación audiovisual local”. Con esta reforma se verá especialmente beneficiada la COPE, emisora de la Conferencia Episcopal que venía emitiendo en medios locales de forma ilegal, abriéndose al mismo tiempo la puerta al desembarco en lo local de otros grandes grupos empresariales de la comunicación muy distantes de Andalucía.
Otros muchos ámbitos de la realidad andaluza de tanta importancia como la gestión del agua, el sector agroalimentario, la pesca o los vertidos se verán también afectados por este Decreto en la misma dirección de desprotección de las actividades locales y eliminación de barreras para facilitar que los grandes inversores sigan encontrando en Andalucía una fuente de apropiación de riqueza sin reparar en daños.
Andalucía Viva quiere denunciar lo que consideramos un auténtico atropello al tejido productivo autóctono, al tejido social andaluz y a las condiciones en las que se desenvuelve la vida en Andalucía. Consideramos este Decreto como una agresión al pueblo andaluz que pone claramente de manifiesto lo que vienen significando para Andalucía dinamización y crecimiento económico desde el lugar que ocupa en la división internacional del trabajo. Desde su posición de economía primaria al servicio de intereses ajenos y lejanos a Andalucía, el crecimiento económico, perseguido como objetivo prioritario por todos los gobiernos “autonómicos” (el actual y los anteriores), supone profundizar en nuestra situación de dependencia económica y subalternidad política y cultural. De modo que este Decreto significa una vuelta de tuerca más en el camino que se viene recorriendo; un camino que lleva a Andalucía en dirección contraria a los anhelos expresados por el pueblo andaluz hace ya más de cuarenta años y reafirma el carácter oligárquico de este sistema con fachada democrática.
Por todas estas razones Andalucía Viva exige la anulación de este Decreto de desregulación, liberalización y privatización que contribuirá a empeorar la ya grave situación que viene padeciendo Andalucía.
Andalucía 5 de abril de 2020.
PLATAFORMA ANDALUCÍA VIVA